Mariano Suarez - Leyes de la dictadura, medios de la democracia.

martes, 29 de julio de 2008


Con el argumento resonante, suficiente (aunque también parcial) que señala que no debe mantenerse en vigencia una ley sancionada por una dictadura militar, el gobierno nacional impulsa la sustitución de la ley de Radiodifusión (22.285), la norma que regula la propiedad de los medios y dibuja los contornos del mapa de la prensa en la Argentina.


Revisar una ley de la dictadura es un imperativo moral irrenunciable. Sin embargo, bien mirada la cuestión, se trata de un enunciado al menos incompleto.


Sólo el gobierno militar 1976-1983 sancionó 1.783 leyes (si admitimos el la infeliz expresión “ley” en ese contexto) y 18.146 decretos. Se estima que un tercio de esas normas está vigente después de 32 años.


Leyes medulares de nuestra democracia fueron sancionadas por gobiernos de facto. La dictadura de Onganía dictó la ley de amparo; la dictadura de Lanusse gestó el Código Electoral que regula las elecciones que hoy celebramos en democracia. El gobierno de Videla, Massera y Agosti diseñó el régimen penal de la minoridad y derogó un centenar de artículos (nunca repuestos, salvo alguna excepción) de la Ley de Contrato de Trabajo.


Esta nutrida legislación de origen represivo merece una inmediata revisión. También, claro, la ley de Radiodifusión, pero sin convertir al enunciado en un slogan, pues, evidencias a la vista, no es esa la razón que motiva su reformulación.


De hecho, los aspectos más antidemocráticos y oligopólicos de la ley de Radiodifusión son producto de modificaciones introducidas después de 1983 (entre ellas, la ampliación de 4 a 24 en el número de licencias acumulables por un mismo titular -decreto 1005/99-).


La letra chica del nuevo proyecto del Ejecutivo (y las coordenadas del mapa de medios que se propone trazar) no se difundieron. Sí los enunciados y propósitos generales del proyecto que, por su naturaleza, son indiscutibles.


El debate está abierto y está por verse la audacia del proyecto oficial sobre un mapa de medios vigente profundamente antidemocrático, que reclama una urgente transformación.
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El autor es periodista y abogado.